Haber sido sometidos a auditorías externas que validen su
funcionamiento. En caso contrario, deberán tener definidos mecanismos
de control (internos y/o externos) que garanticen la transparencia y
el buen gobierno en la gestión de su actividad.
Que su actividad esté dirigida, en todo o en parte, a responder a
necesidades urgentes derivadas de la falta de recursos o ingresos.